PARAGUAY – La Conajzar se va contra las tragamonedas ilegales

Presidente de la entidad denuncia “máquinas que se ven por las calles en almacenes, quioscos, peluquerías, etc.”

La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), mediante su presidente, Carlos Liseras, ha hecho referencia a la ley 6903, que establece las medidas de protección de menores de edad ante las máquinas de tragamonedas, en la denuncia penal por la operación de tales máquinas en la vía pública contra operadores de estas, aunque la nota publicada en el diario La Nación, no menciona alguna empresa o persona, específicamente.

Liseras explicó que esta ley tiene vigencia desde el 2022, pero recién fue reglamentada el pasado 17 de diciembre. “Todas estas máquinas que se ven por las calles en almacenes, quioscos, peluquerías, etc., a la intemperie, son juegos clandestinos”, dijo en una entrevista con la emisora 680AM.

La autoridad competente en materia de tragamonedas son los municipios en coordinación con la Conajzar, y Liseras aclaró, “que los juegos de azar son actividades legales, pero bajo medidas estrictas”. Es decir, que, si una persona quiere dedicarse a la actividad debe solicitar un permiso y luego pedir a la Conajzar un registro de operador.

Según el reglamento, toda persona que quiera dedicarse a operar máquinas de juegos de azar debe contar con un salón cerrado con la frase “prohibido el ingreso de menores”, también debe contar con un salón destinado al solo uso de esa actividad, no a la par con una ferretería o un almacén, entre otras disposiciones.

“Todas esas máquinas que vemos a la intemperie son hechos punibles que están cometiendo las personas a cargo de las mismas y que tienen una expectativa de hasta 5 años de cárcel o multa”, reiteró Liseras. Asimismo, enfatizó en que su uso produce gran daño a los niños y jóvenes, que con posterioridad se convierten en “pequeños ladrones porque tienen que robar para seguir jugando”.

Asimismo, el presidente de la Conajzar aseguró que la operación irrestricta de tragamonedas, “causa daño en los niños y adolescentes, directamente daña a sus familias e indirectamente a la sociedad, además de un incalculable daño económico que se produce al no pagar el canon respectivo por el uso, que va en detrimento de la Dirección de Beneficencia (Diben), cuyo presupuesto está solventado en un 70 % por los cánones que transfiere la Conajzar”.