Una resolución llena de ensueño y diversión

Juego de Palabras Por Ricki Chavez-Munoz

Nos llegó una nota donde el gobierno del Reino Unido llega a un acuerdo con una de las empresas más grande del mundo en la industria de juegos de azar, y por la promesa de pago de unos cuantos millones permite que subsidiarias con cuestionado manejo delictivo previo continúen como Pedro en su casa, es decir, como si no hubiese pasado nada.

Que lejos estamos de aquel Acto legislativo de juegos de azar de 1968, mediante el cual, el regulador británico cerró operaciones de casino de dos de las empresas mas grandes del país, en los 70, nada menos que por transgredir aspectos operativos y éticos de la Ley, que entonces no permitía avisos comerciales de los casinos o tragos alcohólicos en las mesas de juego, por tener como principal precepto la protección del ciudadano contra posibilidades de ludopatía.

Esa misma ley, que atrajo a muchos jóvenes a una emergente industria nacida entre telones de criminalidad y mafias, fue cambiada dicen que para actualizarla en 2005. Por un lado, era necesario, pero por otro, hizo desaparecer la cautela social para prevenir el abuso de operadores con intenciones de llenarse de billete sin importarles el bienestar social.

Muchos países siguieron con la cautela el Gaming Act 1968 británico, pero a lo largo de los años, algunos también han seguido ejemplos deplorables como la del desgraciado ex primer ministro Boris Johnson, que llegó al poder con la mendacidad como escudo.

Esa ley británica de juegos de azar protectora de la sociedad se dio, también, a raíz de la ambición de mafias extranjeras operando casinos en el país, con positivos resultados, sacándolas del medio y la industria del juego.

Ahora nos llega la noticia publicada por el diario chileno La Tercera, “Contradictoria señal en materia de casinos” (link, abajo), donde se cuestiona al Estado por la decisión del Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) de otorgar licencias de casinos a subsidiarias de dos empresas acusadas de colusión en un caso que se encuentra en proceso ante la Fiscalía Nacional Económica.

Ciertamente, no se es culpable hasta que esto se determine en el proceso. Sin embargo, eso no debe suceder en una industria tan delicada como la de juegos de azar. Sobre todo, cuando una de las empresas supuestamente involucradas, “en esta denuncia de colusión, Marina del Sol, se acogió a delación compensada”.

Las empresas cuestionadas, o investigadas de colusión, Dreams y Enjoy – o como un amigo chileno me dijo en su momento, “tratan de formar una mafia de casinos, con más de diez operaciones solo en Chile”, desistieron de fusionarse bajo la acusación de colusión, y la pregunta que unos se hacen después de seguir leyendo la nota en La Tercera es, ¿Por qué el Consejo Resolutivo de la SCJ no tomó en cuenta las declaraciones de Marina del Sol, y si estas afectaban a las propuestas de las subsidiarias de Dreams y Enjoy para hacerse de los permisos en las regiones de Antofagasta y Maule?

Porque orondamente, el viernes 10 de noviembre, el Consejo Resolutivo de la SCJ autorizó dos permisos de operación para casinos de juego a “la sociedad Dalmacia Gamming -entre cuyos accionistas figura el grupo Enjoy, que opera dicho casino desde 2008- y la Sociedad de Ríos Claros, ligada al grupo Dreams, respectivamente”.

La Autoridad puede argüir que en el caso del casino para Antofagasta solo existía una propuesta, pero este es un argumento banal ante un serio cuestionamiento de la calidad de la propuesta donde una empresa ligada a la postora es acusada ante la Fiscalía. El segundo caso, del casino en Maule no tiene asidero ni sentido moral, porque se otorga en base a una propuesta económica casi cuatro veces superior a la del otro postor, que ahora tiene que cerrar dejando en la calle a cientos de trabajadores.

La empresa operadora del Gran Casino de Talca con 15 años de trayectoria en la región de Maule no pudo competir con la oferta de una empresa investigada ante la Fiscalía, y ha anunciado el próximo cierre del casino. Ciertamente, un individuo no tiene el poder económico de un grupo, y peor si este actúa delictivamente.

Los entes reguladores de casinos de juego deben ser pulcros en su accionar bajo el simple criterio de un meticuloso proceso de debida diligencia, y el cuestionamiento expresado por La Tercera debe alertar al Estado de Chile porque la decisión tomada por el Consejo Resolutivo para otorgar permisos de casinos en el ultimo proceso, decididamente, tiene un tufo mafioso; y similar a muchas de las decisiones tomadas por el mandato de Johnson en el Reino Unido, donde se han esfumado billones de esterlinas como pago a empresas amigas durante la pandemia, con la innecesaria muerte de muchas personas por delictivas decisiones.

Ciertamente un par de permisos de casinos no tienen la peligrosidad de actos rufianes como los antes mencionados, “Pero ante la ciudadanía ciertamente resulta cuando menos extraño que frente un procedimiento que organiza y resuelve el propio Estado antecedentes de este tipo (colusión) no tengan incidencia alguna en el proceso”, el ente regulador debe actuar con total cautela.

https://www.latercera.com/opinion/noticia/contradictoria-senal-en-materia-de-casinos/HYYUMYP6WZB4DIQ4NAWLGC6CHY/