CHILE - El flagelo de los casinos ilegales se extiende por las comunas

Cecilia Valdés destacó el rol clave del municipio y las autoridades locales para combatir una actividad al margen de la ley

En una nota publicada la semana pasado por “El Rancagüino”, diario con 110 años de trayectoria en la Región de O’Higgins, Chile, se dio a conocer el masivo operativo policial realizado en San Fernando que culminó con la incautación de más de 650 máquinas tragamonedas ilegales.

A partir de esta información, la presidenta ejecutiva de la Asociación Chilena de Casinos de Juego, Cecilia Valdés, destacó el rol clave del municipio y las autoridades locales para combatir una actividad absolutamente al margen de la ley.

Cecilia Valdés subrayó que los casinos clandestinos no solo operan sin autorización, sino que además pueden estar asociados a delitos tributarios, contrabando y otras irregularidades que afectan a las comunidades, al comercio establecido y a la recaudación fiscal. Recalcó que una fiscalización municipal activa, coordinada con policías y el Ministerio Público, es esencial para frenar un fenómeno que se expande en diversas comunas del país y que expone a menores de edad y personas vulnerables a juegos de azar sin ningún resguardo.

Anteriormente, el diario informó sobre un importante procedimiento policial llevado a cabo en San Fernando, donde se incautaron más de 650 máquinas tragamonedas en casinos ilegales. Se trata de un foco investigativo de la Fiscalía de Análisis Criminal O’Higgins, donde se intervinieron nueve locales por violación de clausura previa y, ejercicio ilegal de casas de juego.

El fiscal Francisco Caballero, dio a conocer detalles del procedimiento y de lo que se está llevando a cabo en otras comunas respecto a este tema, informando que en la capital provincial de Colchagua se clausuraron establecimientos comerciales sin patente municipal, los que pese a estar clausurados previamente, rompieron dicha clausura, presentando querella el municipio por rotura de sellos, alzamiento ilegal de clausura, más el eventual ejercicio de casas de juegos.

La investigación comenzó con las querellas presentadas por el municipio, las que se tramitaron de forma independiente y, tras tener el informe policial, se agruparon todas las causas. El caso que encabeza el fiscal se basa en la presentación de querellas por parte del municipio, sin embargo, existe un foco investigativo asociado al ejercicio de casas de juegos ilegales, trabajando además querellas en comunas como Santa Cruz presentada por la Superintendencia de Casinos y, querellas del Casino Monticello en relación a las comuna de Graneros y Rancagua.

En el caso de San Fernando, al momento de la incautación de las máquinas se encontraron más de 43 millones de pesos (unos US$50 mil) pero no se ha logrado establecer el monto de lo que diariamente podrían tener como ganancias, ya que no forma parte de la investigación penal. Este monto ya está depositado en las cuentas del Ministerio Publico. Si se ha establecido en la capital de Colchagua que dos titulares tenían al menos dos establecimientos, mientras que los demás eran individuales, a quienes no se les ha encontrado grandes movimientos de dinero.

Pese a ello, los antecedentes son colocados a disposición del Servicio de Impuestos Internos quienes determinarán la posibilidad de presentar querella por delitos tributarios. En el desarrollo de este operativo, no se estableció ningún otro delito flagrante asociado, tampoco se reportó a personas extranjeras con su situación migratoria irregular, sin embargo, el fiscal adujo que los municipios podrán realizar un mayor grado de fiscalización, tal como lo hizo San Fernando.

El diario reporta que en conversación con la presidenta ejecutiva de la Asociación Chilena de Casinos y Juegos, Cecilia Valdés, ella destacó el operativo realizado en San Fernando donde aduce queda en evidencia la disposición del alcalde y, las autoridades locales, para combatir una actividad que está totalmente ilegal, añadiendo que tales operativos se realizaron anteriormente en comunas como Rancagua, y otras regiones del sur del país, destacando que el fenómeno es nacional, por lo que dependerá de los alcaldes y equipos municipales el éxito que tengan, no teniendo información de que en otras comunas de O’Higgins se estén llevando a cabo operativos de este tipo.

Existen ciudades en Chile donde existe mayor concentración de estos locales clandestinos, emplazados en centros históricos, lo que les genera una preocupación mayor, ya que se congrega una mayor cantidad de personas, provocando disputas con el comercio local al ocupar espacios que históricamente eran de ellos. En este sentido, aduce que la mayoría de las denuncias parten por los municipios, pero no es la única forma, puesto que también pueden comenzar por investigaciones que lleve una Fiscalía.

Valdés indica que al alero de estos locales clandestinos también se presentan otros ilícitos, como contrabando o, delitos tributarios, los que suceden al interior de los recintos, generado la preocupación de los alcaldes. Aboga por una mayor fiscalización, debido a que ninguno de estos locales cuenta con el permiso para funcionar. En Chile no existe el permiso para operar estos juegos de azar fuera de los casinos de juegos legales, por lo que todo lo que esté sucediendo fuera de ellos es ilegal.

Asimismo, Valdés expone que son los municipios quienes deben fiscalizar con qué tipo de patente están operando estos locales, clausurar si corresponde, pese a que entienden la dificultad que tienen los municipios en cuanto a recursos para llevar a cabo este trabajo, instando a que se debe llevar a cabo una fiscalización integral, entre alcalde, municipio y policías, para que luego el Ministerio Público trabaje con las denuncias correspondientes.

Sobre los proveedores de máquinas a estos locales, han logrado establecer que son fábricas que construyen el mobiliario, las que operan en la región Metropolitana, que no tiene autorización legal, funcionando con un chip, el que conecta los juegos a una “nube”, armado finalmente la máquina. Esto hace sumamente difícil tener una trazabilidad. Ir a la raíz del problema, verificar donde se están construyendo y, en lo posible, se puedan destruir una vez que son incautadas.

En relación con dicha realidad que afecta a los casinos que operan legalmente, Valdés indica que es relevante dar a conocer que se están ofreciendo juegos de azar sin ningún control, al alcance de menores de edad, personas vulnerables que pueden tener algún grado de ludopatía, sin ningún resguardo para la población. A esto se suma el perjuicio que se genera al Estado, ya que no se cancela el impuesto que corresponde por desarrollar esta actividad, la que es muy lucrativa, así como recalca la competencia desleal que se genera.

Muchas personas prefieren ingresar a locales ilegales, aduce, los que no pagan impuestos, sin ambientes seguros y, donde no se fiscaliza que los premios sean los a adecuados. “Es muy importante que los alcaldes combatan al que está actuando de forma ilegal, con una competencia desleal tremenda”, sostuvo Cecilia Valdés.