MEXICO - Suprema Corte pospone revisión de Amparo contra Decreto de Casinos

La SCJN dejó pendiente el amparo contra el decreto de AMLO que restringe nuevas slots, permisos y modelos de operación

La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México pospuso una decisión que podría marcar el futuro del sector de casinos y salas de juego del país.

La SCJN suspendió la discusión y votación de un proyecto que validaría las restricciones impuestas en 2023 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Las medidas incluyen la prohibición de instalar nuevas máquinas tragamonedas en nuevas salas de juegos y sorteos, como se denomina legalmente a los casinos en México.

El caso corresponde al Amparo en Revisión 257/2025, presentado por IGT-Mexicana de Juegos. El asunto estaba listado para la sesión del 14 de julio con un proyecto elaborado por el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, pero al inicio de la sesión se anunció que quedaba en lista.

El amparo impugna varias medidas incluidas en el decreto de 2023 que reformó el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. Los cambios afectaron la apertura de nuevas salas, la instalación de nuevas máquinas tragamonedas, las condiciones para cambiar la ubicación de establecimientos, la figura del operador utilizada por muchos permisionarios y la posibilidad de prórroga de permisos existentes.

El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de noviembre de 2023. Reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones del reglamento, con el efecto de acotar el alcance permitido de las actividades de juegos y sorteos.

Para la industria, los puntos más sensibles son las restricciones a las máquinas, el futuro de los permisos vigentes y las estructuras de operación usadas por los permisionarios.

IGT-Mexicana de Juegos argumentó que el decreto viola la seguridad jurídica porque modifica los términos y condiciones generales bajo los cuales se otorgaron sus autorizaciones, sin una fundamentación y motivación suficiente.

IGT-Mexicana de Juegos
“El Decreto reclamado viola seguridad jurídica, porque sin la debida fundamentación y motivación se impone una variación en los términos y condiciones y generalidades de las autorizaciones otorgadas a la quejosa, provocando que el régimen bajo el cual determinó su plan de negocios como permisionaria ya no sea aplicable.”

Según los antecedentes incluidos en el proyecto de la SCJN, la empresa obtuvo originalmente en 2014 un permiso para instalar, abrir y operar un centro de apuestas remotas con una sala de sorteo de números. El permiso tenía una vigencia inicial de 10 años y, en marzo de 2023, fue prorrogado por 15 años adicionales, de enero de 2024 a enero de 2039.

El proyecto preparado por Aguilar Ortiz propone validar las reformas de 2023. Sostiene que el expresidente no excedió sus facultades reglamentarias y que las medidas buscan proteger el derecho a la salud mediante la prevención de daños asociados al juego, en particular entre niños, adolescentes y adultos mayores.

Reportes del sector también señalan que varios tribunales colegiados ya declararon inconstitucionales partes de las reformas en otros casos. Esas resoluciones concedieron amparos a empresas, eximiéndolas de ciertas restricciones, incluida la prohibición de tragamonedas y límites sobre juegos como naipes, dados y ruleta.

Sin embargo, una decisión de la Suprema Corte en este caso podría marcar una dirección importante para las empresas que todavía no han obtenido protección judicial similar.

Para operadores licenciados y permisionarios, el caso sin resolver mantiene viva la incertidumbre legal. Si la Corte finalmente valida el decreto, las empresas sin amparos exitosos podrían tener que adaptarse a las restricciones de 2023. Si la Corte limita o rechaza partes del decreto, el sector podría ganar más margen para defender permisos vigentes y modelos de operación.

El asunto también muestra una tensión más amplia en el marco mexicano del juego. El sector de casinos del país ha operado durante años bajo una estructura regulatoria basada en permisos de juegos y sorteos, más que en una ley moderna de casinos. Eso ha creado complejidad legal alrededor de máquinas, socios operadores, renovaciones y formatos de juego permitidos.

Para los responsables de política pública, el caso se ubica entre la preocupación por la salud pública y la certeza económica. El decreto fue presentado como una forma de restringir la expansión del juego y reducir daños. Pero los operadores argumentan que los cambios repentinos sobre condiciones de permisos existentes pueden afectar inversión, planeación y seguridad jurídica.

La postergación de la Suprema Corte significa que el sector deberá seguir esperando una decisión final.

Por ahora, la industria mexicana de casinos permanece en una etapa de espera. El resultado del Amparo en Revisión 257/2025 puede determinar hasta dónde podrá llegar el decreto de 2023 y cuánta protección podrán reclamar los permisionarios existentes frente a restricciones introducidas después de aprobarse sus planes de negocio.