Brasil pierde US$2.000 millones anuales por las apuestas ilegales, afirma congresista

Brasil podría estar perdiendo hasta US$2.000 millones al año por las apuestas online ilegales mientras gobierno e industria discrepan sobre el tamaño del mercado negro

El gobierno de Brasil podría estar perdiendo entre US$1.300 millones y US$2.000 millones al año por las apuestas online ilegales, según cifras presentadas durante un debate en el Congreso que dejó en evidencia una creciente brecha entre las estimaciones oficiales y las valoraciones de la industria sobre el tamaño del mercado no autorizado.

El tema surgió durante una sesión celebrada el martes 24 de marzo por la Comisión Externa sobre Actos de Piratería y la agenda Brasil Legal, donde el diputado Julio Lopes lanzó duras críticas por la discrepancia entre los datos citados por el gobierno y los presentados por representantes del sector en relación con la legalidad del mercado de apuestas online.

Julio Lopes

Mientras Leandro Lucchesi, coordinador general de Regulación de la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) del Ministerio de Hacienda, mencionó estimaciones según las cuales hasta el 70% de las apuestas ya formaría parte del mercado legal, las asociaciones del sector sostuvieron que los operadores ilegales todavía dominan aproximadamente la mitad del negocio.

Julio Lopes calificó de inaceptable la falta de precisión en los datos gubernamentales. Dijo: “Sinceramente me parece absurdo que exista una discrepancia tan grande entre la opinión del gobierno y la tuya en relación con la ilegalidad. Sería importante que coordinen para que el público tenga datos más precisos sobre la realidad.” Añadió que la diferencia representa miles de millones de reales y afirmó que resulta improbable que no se conozca con exactitud la dimensión del problema en un mercado tan profesionalizado como el brasileño.

En respuesta, Leandro Lucchesi aclaró que la secretaría no valida oficialmente las cifras citadas, ya que proceden de consultoras privadas. Señaló: “La SPA, de hecho, no respalda ninguno de estos indicadores. La SPA está firmando un acuerdo de cooperación técnica con Ipea [Instituto de Investigación Económica Aplicada] para incluir este indicador, entre otros.”

Lucchesi agregó que el plan de trabajo debería firmarse en 2026.

Por su parte, Letícia Ferraz, directora ejecutiva del Laboratorio de Derechos Humanos y Nuevas Tecnologías (LabSul), presentó datos sobre las pérdidas económicas vinculadas al sector de apuestas. Indicó que el mercado legal recaudó R$37.000 millones (US$7.031 millones) en 2025 y generó R$9.900 millones (US$1.881 millones) en ingresos fiscales ligados a políticas públicas, mientras que el mercado ilegal mueve entre R$26.000 millones y R$40.000 millones (US$5.000 millones a US$8.000 millones) al año.

Letícia Ferraz

Letícia Ferraz afirmó: “Estamos perdiendo entre R$7.000 y R$10.000 millones anuales que podrían usarse en trabajos públicos.”

Entre las medidas sugeridas para combatir las apuestas ilegales, Ferraz defendió la existencia de un entorno competitivo con una tributación justa, la aprobación del marco legal para enfrentar el mercado ilegal (PL 4044/25), la creación de un sello distintivo para los operadores autorizados y un mayor desempeño por parte del Banco Central y del Consejo para el Control de Actividades Financieras (Coaf) en el seguimiento del sistema financiero.

El debate también se centró en Pix, con Ana Bárbara Teixeira, integrante del consejo asesor de la Asociación Internacional de Juegos (Aigaming), subrayando la necesidad de controlar el acceso de las plataformas piratas al sistema de pagos.

Dijo: “La parte donde existen más problemas hoy en día es con el sistema financiero, es cómo las apuestas ilegales logran acceder a Pix”, al tiempo que sugirió que las casas reguladas tengan acceso a la lista de estafadores del Banco Central para reforzar la prevención del blanqueo de capitales.

El presidente de la Asociación Brasileña de Juegos y Loterías (Abrajogo), Witoldo Hendrich Júnior, destacó la necesidad de seguridad jurídica. En su opinión, la multiplicación de propuestas para aumentar impuestos o restringir la publicidad desalienta a los inversores y empuja a los apostadores hacia la ilegalidad.

Witoldo Hendrich Júnior aseguró: “La exageración tributaria está empujando al jugador, y en última instancia a la sociedad, hacia la piratería.”

También se abordaron los desafíos técnicos. Gianluca Fiorentini, responsable de inspección de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), detalló las dificultades para bloquear sitios web, explicando que la agencia solo actúa ejecutando las órdenes de la SPA y que su papel es limitado.

Señaló: “Anatel no tiene los medios fácticos ni legales para eliminar el contenido por sí misma. No tiene la competencia para hacerlo.”

Entre los obstáculos mencionados por Fiorentini y Hendrich Júnior figuran el uso de tecnologías que enmascaran la ubicación del usuario y el dinamismo de los dominios piratas, que cambian de dirección digital en cuestión de minutos para evadir los bloqueos.

Al cierre del debate, Julio Lopes puso la comisión a disposición para remitir demandas al Banco Central y a otros organismos con el objetivo de reforzar la lucha contra el crimen organizado financiado mediante apuestas irregulares.