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Stake

BRASIL – Tribunal Federal de Sao Paulo garantiza operación de Stake hasta el 25 de octubre

La magistrada denegó la solicitud principal del operador que buscaba suspender los efectos de la MP en su totalidad para continuar operando hasta el 31 de diciembre de 2029

Con fecha 8 de octubre 2026, el Tribunal Federal de São Paulo concedió una orden judicial parcial a favor de Stake Brazil Ltda. para preservar, hasta el 25 de octubre de 2026, la validez de la autorización de la empresa para explorar apuestas con cuotas fijas – apuestas deportivas. La decisión fue dictada por la jueza federal Cristiane Farias Rodrigues dos Santos, del 9º Tribunal Civil Federal de São Paulo, en el auto de mandado nº 5030862-66.2026.4.03.6100, presentado contra la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Finanzas (SPA/MF), Anatel y el Banco Central de Brasil, reporta BNL Data.

La magistrada denegó la solicitud principal del operador, que buscaba suspender los efectos de la Medida Provisional Nº 1.394/2026 en su totalidad y continuar operando hasta el 31 de diciembre de 2029, cuando debe concluir la autorización concedida a Skate Brasil por la Ordenanza SPA/MF nº 263, de febrero de 2025. El TF de Sao Paulo solo aceptó la solicitud parcialmente y limitada a la fecha en que la propia MP prevea la extinción de las autorizaciones vigentes.

Lo que determina la orden judicial
Hasta el 25 de octubre, o hasta nueva decisión judicial, las autoridades deben abstenerse de considerar extinguida la autorización de Stake y de aplicar sanciones exclusivamente por el hecho de que la empresa mantenga la operación dentro de los límites de la decisión. También se suspenden los efectos de bloquear, redirigir o hacer inaccesibles el dominio stake.bet.br y las aplicaciones del operador, cuando estas medidas se basan exclusivamente en anticipar la extinción de la autorización.

La decisión del TF de Sao Paulo es válida como carta oficial a la SPA/MF, Anatel, el Banco Central y el Ministerio de Justicia.

El argumento del plazo de 30 días
La base central de la decisión es la coherencia interna de la medida provisional en sí. Según la jueza, la MP fijó dos hitos: retirada de las plataformas en diez días y extinción de las autorizaciones en treinta días. La jueza clasificó la orden judicial como una «medida conservadora» y subrayó que no representa un nuevo derecho ni el reconocimiento de la invalidez de la MP.

La autorización no es una mera expectativa
Aunque rechazó la tesis de que Stake sería titular de un «contrato de concesión», la decisión reconoce que la autorización administrativa no puede considerarse legalmente irrelevante. La ley fue concedida tras un procedimiento administrativo, con el pago de una subvención y el cumplimiento de los requisitos regulatorios.

Según la magistrada, la autorización «no garantiza necesariamente la inmutabilidad del régimen jurídico hasta 2029, pero otorga al demandante una posición jurídica individualizada, que no puede ser suprimida sin un equilibrio adecuado entre el interés público prevalente y la protección de expectativas legítimamente creadas».

La decisión también señala que no existe ninguna decisión administrativa en los documentos examinados que declare a la empresa irregular por incumplimiento de sus obligaciones.

Lo que se dejó fuera
La decisión no garantiza la operación después del 25 de octubre, no declara la inconstitucionalidad de la MP ni determina la restitución de la concesión o el pago de la indemnización. Según la jueza, estas reclamaciones pueden requerir la presentación de pruebas incompatibles con el mandado judicial.

Tampoco existe una orden directa contra instituciones privadas que no formen parte del proceso. Stake solicitó que la orden judicial fuera válida como carta oficial a las instituciones de pago que mantienen sus cuentas transaccionales y a la CGI.br/NIC.br. El magistrado solo autorizó que la decisión se les presentara para conocimiento, con eficacia obligatoria restringida a las autoridades registradas y a los organismos públicos responsables de su ejecución.

Números de la estaca
En la petición inicial, firmada por los abogados Bichara Abidão Neto y Thiago Peluso Rossi, el operador informa que ha pagado $R30 millones al Estado por la autorización y ha pagado en capital social $R87,8 millones. Las inversiones, los gastos operativos y los gastos regulatorios sumarían unos $R128,2 millones. La empresa declara 41 empleados activos. Los abogados Udo Seckelmann, Thiago Stüssi, Beatriz Braz, Pedro Heitor de Araújo y Rodrigo Nakane actuaron en el caso.

Stake informa que, en cumplimiento inicial con la MP, puso la plataforma en modo de retirada, impidió la entrada de nuevos recursos, cesó promociones y suspendió contratos con afiliados y patrocinadores. El 23 de septiembre, mantenía 508.084 carteras de jugadores, de las cuales 224.566 tenían saldo positivo, y un saldo disponible para retiradas de $R3,68 millones.