BOLIVIA – Juez determina medidas para administrador de casino ilegal
Medidas sustitutivas incluyen detención domiciliaria sin derecho al trabajo y con vigilancia policial
En el marco de sus atribuciones la Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ) participó en la audiencia de medidas cautelares, realizada la tarde de este domingo 01 de octubre en la ciudad de Tarija, contra el administrador de un lugar de juego ilegal, por el delito de Enriquecimiento Ilícito con Afectación Económica al Estado.
Concluida la audiencia el Juez determinó medidas sustitutivas con detención domiciliaria sin derecho al trabajo y con vigilancia policial, arraigo, firmas, fianza personal y firmas en el Ministerio Público, para el administrador de la casa de juego ilegal.
La audiencia se dio a raíz de la intervención a una casa de juego ilegal, realizada por la Fuerza Especial de Lucha contra El Crimen (FELCC) el pasado viernes 29 de septiembre, en calle Junín esquina calle Madrid de la ciudad de Tarija, donde se decomisaron 8 máquinas de juego ilegales y se aprehendió al administrador.
La AJ en cumplimiento a sus atribuciones realiza acciones correspondientes para sancionar a los propietarios del lugar ilegal. Las personas que tengan conocimiento sobre el funcionamiento de juego clandestino e ilegal pueden registrar sus denuncias en la página web www.aj.gob.bo o mediante la aplicación AJ Móvil.
La AJ invita a la población a denunciar estos lugares ingresando a la página web de la AJ www.aj.gob.bo o mediante la aplicación AJ Móvil, pues estas actividades no brindan legalidad ni transparencia para los jugadores.
La Autoridad de Fiscalización del Juego-AJ, es una institución pública con personería jurídica y patrimonio propio, con independencia administrativa, financiera, legal y técnica; supeditada al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, con jurisdicción y competencia en todo el territorio nacional, conforme lo establecen la Ley N° 060 de Juegos de Lotería y de Azar de 25 de noviembre de 2010, el Decreto Supremo Nº 0781 y 0782 de 02 de febrero de 2011 y la Ley N° 717 de 13 de julio de 2015, de Bolivia.
