COLOMBIA – Coljuegos destruye más de 1.400 elementos del juego ilegal
Fueron retirados en acciones de control contra la ilegalidad lideradas y continuará actividad similar en otras ciudades
Como parte de la estrategia de lucha frontal contra la ilegalidad, Coljuegos destruyó un total de 1.491 elementos de juegos de suerte y azar ilegales que habían sido incautados desde el año 2021 y que se encontraban alojados en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca.
El presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié, informó que los elementos destruidos estaban avaluados en cerca de $200 millones y eran utilizados en apuestas ilegales en el Valle y en municipios del Eje Cafetero como Armenia, Dosquebradas y Manizales.
“Seguimos golpeando la ilegalidad con acciones contundentes. Le estamos diciendo a quienes operan juegos de suerte y azar sin contrato de concesión que se acojan a la ley y contribuyan con la salud de los colombianos”, indicó Hincapié.
Durante la destrucción de los elementos fueron encontrados $10 millones en monedas y billetes que estaban al interior de las máquinas electrónicas tragamonedas. Estos recursos se constituyen como un depósito judicial a nombre de Coljuegos y serán transferidos a la salud.
Así pues, entre los materiales destruidos se encontraban 306 máquinas electrónicas tragamonedas, 538 elementos de bingos y 66 módulos de apuestas deportivas. Por otro lado, el presidente de Coljuegos reiteró que la entidad está implementando el programa denominado “MET de la paz”, por medio del cual se busca que los pequeños propietarios de máquinas electrónicas tragamonedas conformen sociedades y obtengan los permisos respectivos para operar juegos de suerte y azar.
“Estamos brindando todas las facilidades a quienes sí quieren estar en la legalidad. En cambio, seguiremos siendo implacables con quienes insistan en operar sin autorización y sin aportar recursos para la salud”, manifestó el presidente.
Cabe mencionar que las organizaciones de juego ilegal en el territorio colombiano están dejando de pagar al Estado alrededor de $1.5 billones anuales por derechos de explotación, recursos que podrían ser destinados para la salud de los ciudadanos de escasos recursos.
