ARGENTINA - Proyecto de “Ley Macro” en Mendoza reorganizaría el IJyC

La iniciativa otorga un año al IJyC para reestructurarse, priorizando la continuidad del personal público permanente

La reorganización propuesta del Instituto de Juegos y Casinos de Mendoza sitúa al regulador provincial del juego dentro de un paquete más amplio de modernización estatal que también aborda incentivos a la inversión, herramientas de financiamiento público y activos históricos del Estado. Para el sector del juego, el punto central es cómo la provincia pretende equilibrar reestructuración institucional, continuidad laboral, sostenibilidad financiera y preservación de fondos de bien público vinculados a ingresos del juego.

Un plenario de tres comisiones de la Cámara de Diputados de Mendoza otorgó despacho favorable, por mayoría de votos, al proyecto de “Ley macro” del Poder Ejecutivo provincial, que contempla la adhesión al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), la refuncionalización del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, la reorganización del Instituto de Juegos y Casinos y la liquidación de activos de la Dirección de Administración de Activos Ex Bancos Oficiales (DAABO). Las comisiones involucradas fueron Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios, presidida por Elisabeth Crescitelli; Legislación y Asuntos Constitucionales, presidida por Beatriz Martínez; y Economía, Energía, Minería e Industrias, presidida por Fernanda Kaufman.

Según detalla la fundamentación de la propuesta, la iniciativa permitirá continuar avanzando con la modernización del Estado, la eficiencia administrativa y el fomento a la inversión. El objetivo más amplio es transformar la administración pública provincial mediante el uso eficaz de los recursos, el saneamiento de activos históricos y la creación de un ecosistema atractivo para la inversión.

El paquete ya avanzó en el proceso legislativo. La Cámara de Diputados de Mendoza dio sanción inicial a la “Ley macro”, por lo que la iniciativa deberá continuar su tratamiento en el Senado. La cobertura local ha descrito el paquete como un proyecto impulsado por el gobierno de Alfredo Cornejo, que combina adhesión al RIMI, redefinición del Fondo para la Transformación, reorganización del instituto de juegos y liquidación de activos de ex bancos provinciales.

En relación con el Instituto de Juegos y Casinos, la propuesta busca otorgar al organismo facultades para modificar áreas, funciones y estructuras internas como parte de una reorganización integral a ejecutarse en el plazo de un año. El gobierno provincial señaló que el objetivo es alcanzar el equilibrio económico, asegurar la sostenibilidad financiera y garantizar la continuidad de los fines de bien público del instituto.

Durante el tratamiento en comisión, se incorporó un agregado para aclarar que no se verán afectados los fondos vinculados a programas de salud. El texto acordado sostiene que el proyecto no exime del cumplimiento de lo dispuesto en el inciso D del artículo 30 de la Ley 8701 en lo referido a los programas de salud, abordando uno de los puntos más sensibles en torno al destino de recursos vinculados al juego.

La propuesta de reorganización también establece que el organismo dará pleno cumplimiento a las normativas vigentes en materia de empleo público y priorizará la continuidad del personal. En ese sentido, contempla distintas alternativas para trabajadores de planta permanente, promoviendo instancias voluntarias y acordadas como paso previo al avance del proceso de reestructuración.

Entre las opciones previstas se incluye la implementación de un sistema de retiro voluntario, mediante el cual quienes adhieran podrán acceder a una compensación indemnizatoria de hasta el 120% de lo establecido por la normativa vigente. Quienes opten por este régimen no podrán reingresar a la administración pública por un período determinado, salvo reintegro proporcional de la indemnización percibida.

El proyecto también contempla reubicaciones dentro del propio instituto, traslados voluntarios a otras dependencias estatales y, como última opción, la desvinculación con el pago de las indemnizaciones previstas por ley. La cobertura local del proyecto identificó estas alternativas como parte de la estrategia del Ejecutivo para reducir la presión sobre el organismo sin avanzar inicialmente con un esquema obligatorio de recorte de personal.

En los casos de supresión de áreas, la propuesta establece que los adicionales específicos dejarán de percibirse. Sin embargo, también dispone que se garantizará en todos los casos una remuneración bruta equivalente a la del momento de la reestructuración, creando un mecanismo de protección salarial dentro del proceso de reorganización.

La iniciativa ha sido presentada por el gobierno provincial como una medida de sostenibilidad financiera e institucional. Cuando el proyecto fue enviado a la Legislatura en mayo, el Ejecutivo indicó que buscaba otorgar al instituto las facultades necesarias para reorganizar su estructura durante un año e incluir medidas para el personal, adecuaciones presupuestarias y acciones de sostenibilidad en el tiempo.

Para el sector del juego de Mendoza, los cambios propuestos podrían redefinir el funcionamiento interno del regulador provincial sin alterar la continuidad declarada de sus fines de bien público. La prueba central será si la reestructuración logra mejorar eficiencia y equilibrio financiero mientras mantiene protecciones laborales, preserva los fondos vinculados a salud y sostiene la capacidad de supervisión regulatoria.

La “Ley macro” también marca una orientación política más amplia del Ejecutivo mendocino: reducir fragmentación institucional, reestructurar herramientas de financiamiento público y crear incentivos para la inversión. Dentro de ese paquete, la reorganización del Instituto de Juegos y Casinos es una de las medidas más específicas para el sector y será seguida de cerca por empleados del juego, operadores, gremios y actores vinculados a la salud pública mientras el proyecto avanza en el Senado.