CHILE - ACCJ participa en lanzamiento de informe sobre economías ilícitas

Cecilia Valdés advierte que el juego online ilegal es una de las expresiones más relevantes de la economía ilícita en Chile

El sector de casinos en Chile busca que la regulación del juego online sea tratada como parte de la lucha más amplia del país contra las economías ilícitas.

Cecilia Valdés, presidenta ejecutiva de la Asociación Chilena de Casinos y Juegos, participó en la presentación del estudio “Por un Chile sin Economía Ilícita”, impulsado por la Confederación de la Producción y del Comercio.

El informe busca dimensionar el alcance de la actividad económica ilícita en Chile y plantea una agenda concreta de 45 medidas para enfrentarla. Advierte que las economías ilícitas ya no son un fenómeno acotado o sectorial, sino una amenaza estructural para el desarrollo del país.

Según las estimaciones del documento, estos mercados movilizan más de US$5.700 millones al año y generan pérdidas de recaudación tributaria superiores a US$1.500 millones anuales.

El lanzamiento reunió a representantes de los sectores público, privado y académico para revisar los principales hallazgos del informe y los desafíos que enfrenta Chile ante el avance de las economías ilícitas.

La actividad fue encabezada por la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, y contó con la intervención del biministro de Economía y Minería, Daniel Mas. Posteriormente, Valdés integró un panel junto al presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, José Manuel Mena; la coordinadora ejecutiva del estudio, Pilar Lizana; y el coordinador penal del Servicio de Impuestos Internos, Gonzalo Mardones. La conversación fue moderada por María José Naudon, decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez.

En su intervención, Valdés sostuvo que las economías ilícitas afectan directamente al comercio formal. Explicó que las empresas que cumplen sus obligaciones tributarias, laborales y regulatorias, y que están sujetas a fiscalización, deben competir con actores que operan al margen de la ley y evaden esos controles.

También advirtió que los consumidores quedan expuestos a productos y servicios sin mecanismos claros de protección o reclamación.

Entre los mercados analizados, el informe identifica a los casinos online como el mercado ilícito de mayor valor, con una estimación anual de US$625 millones. A partir de este hallazgo, Valdés advirtió que la ausencia de un marco legal impide conocer quiénes están detrás de estas plataformas, el origen de sus recursos y la trazabilidad de sus operaciones.

“El juego online es una de las expresiones más relevantes de la economía ilícita en Chile. No se trata solo de un asunto tributario: es una actividad que opera fuera de la ley y sin controles suficientes, genera riesgos para los usuarios y los menores de edad y plantea desafíos para la prevención del lavado de activos.

“Chile necesita una ley que defina quiénes pueden operar, bajo qué condiciones y con qué fiscalización, proteja a los usuarios y establezca un marco regulatorio coherente para toda la actividad.”

Valdés agregó que el Estado debe actuar de manera coordinada y consistente, evitando que medidas administrativas transmitan señales contradictorias respecto de actividades que continúan operando al margen de la ley.

El informe fue elaborado con la participación de 30 gremios, entre ellos la ACCJ, y cerca de 70 expertos y representantes del mundo empresarial.

Sus 45 medidas se agrupan en tres ejes: comercio ilícito, finanzas ilícitas e ilícitos en materias primas. El informe también incluye acciones transversales orientadas a cerrar brechas regulatorias y de fiscalización, fortalecer la capacidad del Estado y reforzar la coordinación público-privada.

Para la industria chilena de casinos licenciados, el informe da nuevo peso a su argumento de que el juego online no debe seguir en un vacío legal. La posición del sector es que una regulación permitiría separar a los operadores autorizados de las plataformas ilegales, mejorar la protección del consumidor, apoyar la recaudación fiscal y crear controles más claros contra el lavado de activos.

Para los responsables de políticas públicas, la cuestión clave es si el juego online se trata como un debate aislado de juego o como parte de la respuesta más amplia de Chile frente a mercados ilegales, delito financiero y riesgo para los consumidores.