Diputados aprueban Proyecto de Ley que regula los Juegos de Azar en República Dominicana

La iniciativa suspendería nuevas licencias para establecimientos de juego durante 10 años, con excepción de casinos en hoteles y zonas turísticas

La República Dominicana avanza hacia un marco más consolidado para el juego, después de que la Cámara de Diputados aprobara en dos discusiones consecutivas el proyecto de ley que regula los juegos de azar.

La votación se realizó el jueves 23 de julio. La iniciativa, de la autoría de los senadores Pedro Catrain y Félix Bautista, ya había sido aprobada por el Senado, pero las modificaciones introducidas por los diputados obligan a que el texto regrese a la cámara alta.

El proyecto busca regular la autorización, fiscalización y supervisión de las personas físicas y jurídicas que desarrollen, operen o comercialicen actividades de apuestas y juegos de azar en República Dominicana.

Su alcance cubre establecimientos físicos y canales digitales, incluidos medios electrónicos, informáticos, telemáticos, virtuales e interactivos.

La propuesta también pretende organizar el funcionamiento de estas actividades y mejorar la recaudación de tasas y tributos derivados de las apuestas y los juegos de azar.

Una parte central del texto es la creación de un régimen más unificado de licencias y obligaciones para los operadores. El proyecto establece deberes, derechos y responsabilidades para las empresas activas en distintas modalidades de apuestas y juegos.

La protección del usuario también aparece como objetivo principal. La iniciativa incluye medidas para proteger los derechos de quienes participan en apuestas y juegos de azar, prevenir comportamientos fraudulentos y sancionar riesgos de lavado de activos vinculados al sector.

El texto coloca además el mantenimiento del orden público, el cumplimiento tributario y la protección de niños, niñas y adolescentes entre los fines esenciales de la ley.

Una de las disposiciones de mayor impacto para el mercado es la suspensión temporal de nuevas licencias. A partir de la publicación del registro de licenciatarios, no se otorgarían nuevas licencias para la instalación de los establecimientos de juegos de azar indicados en el artículo 21 durante un periodo de 10 años.

El proyecto contempla una excepción para casinos ubicados en hoteles y lugares turísticos.

Esa diferencia importa para la estructura del mercado dominicano. El sector de juego del país está muy vinculado al turismo, pero también cuenta con una amplia red de establecimientos presenciales de apuestas y juegos. Una pausa de 10 años en nuevas licencias podría limitar la expansión de algunos formatos retail, mientras mantiene espacio para el desarrollo de casinos asociados a hoteles y zonas turísticas.

La propuesta también introduce requisitos de distancia para locales de juego. Se prohíbe la instalación de establecimientos de juegos de azar, en cualquiera de sus modalidades, dentro de un radio inferior a 500 metros lineales de escuelas públicas, colegios privados, universidades, cuarteles policiales, recintos militares, estancias infantiles, centros de atención para la discapacidad, hospitales, clínicas, iglesias debidamente incorporadas y sedes principales de los poderes del Estado y órganos extrapoder.

Las bancas deportivas también deberán mantener una distancia mínima de 500 metros lineales entre sí.

Las motivaciones del proyecto señalan que el ordenamiento jurídico de los juegos de azar en República Dominicana necesita adecuarse a la realidad actual. También busca consolidar las distintas leyes, decretos y resoluciones dispersas que rigen el sector.

Esa consolidación es relevante. Una regulación fragmentada puede generar vacíos de supervisión, aplicación desigual e incertidumbre para operadores, proveedores y consumidores.

El proyecto también cubre actividades de apoyo vinculadas al juego, incluidas tecnología, logística, fabricación y otros servicios relacionados. Esto da al marco propuesto un alcance más amplio que una simple ley de licencias para locales.

Quedan excluidos los juegos o competiciones de puro ocio, pasatiempo o recreo que constituyan usos sociales, siempre que no produzcan transferencias económicamente evaluables, beneficios económicos directos o indirectos para promotores u operadores, ni persigan fines lucrativos.

El proceso legislativo aún no ha terminado. Como los diputados modificaron la versión aprobada por el Senado, el texto debe volver al Senado para nueva consideración.

El próximo paso determinará si la cámara alta acepta los cambios o continúa la revisión. Hasta entonces, el proyecto representa un avance legislativo importante, pero no una ley promulgada.

El impacto sobre el mercado podría ser amplio. Los operadores enfrentarían un régimen de licencias más estructurado, mayores obligaciones tributarias, supervisión más clara y reglas más estrictas sobre ubicación de establecimientos.

Las bancas deportivas y otros locales presenciales podrían sentir con más fuerza la presión de la pausa de nuevas licencias y las reglas de distancia. Los casinos vinculados a hoteles y zonas turísticas podrían beneficiarse de la excepción incluida en el texto.

República Dominicana es uno de los mercados turísticos más importantes del Caribe, y el juego sigue formando parte de su oferta de hospitalidad y entretenimiento. Un marco modernizado puede mejorar la fiscalización y dar mayor claridad a inversionistas, pero el equilibrio final dependerá de cómo la ley trate a los operadores existentes, los futuros proyectos y la capacidad real de supervisión.

Si se aprueba en su forma definitiva, la legislación marcaría un paso importante hacia un régimen de juego más centralizado y actualizado en República Dominicana.