PANAMA - Asamblea Nacional aprueba Ley para prevenir y controlar la ludopatía

La Ley 527 introduce nuevos controles de juego responsable para casinos, plataformas online y operadores de apuestas digitales

La nueva ley panameña sobre ludopatía amplía las obligaciones de juego responsable tanto en el canal presencial como en el online, creando un marco de cumplimiento más amplio para casinos, plataformas digitales, operadores de apuestas, proveedores de internet y empresas de telecomunicaciones. La medida vincula prevención, financiación de tratamiento, controles biométricos y facultades de fiscalización dentro de una respuesta de salud pública más estructurada frente a los riesgos asociados al juego.

La Asamblea Nacional de Panamá aprobó la Ley No. 527 de 23 de mayo de 2026, “Que adopta medidas para la prevención y control de la ludopatía en Panamá”. La norma fue publicada en la Gaceta Oficial el 28 de mayo de 2026 y establece que el Órgano Ejecutivo deberá reglamentarla en un plazo máximo de seis meses.

La nueva legislación introduce medidas para la prevención, tratamiento y control de la ludopatía, incluyendo reglas para apuestas realizadas mediante plataformas digitales y/o en línea, aplicaciones móviles, sitios web y sistemas electrónicos que ofrezcan juegos de azar, apuestas o actividades de riesgo económico vinculadas al azar o la suerte. Su alcance comprende, en la práctica, a casinos, salas de juego tipo A, plataformas digitales y operadores de casinos online.

Los operadores deberán implementar mecanismos preventivos que permitan a los jugadores establecer límites voluntarios de tiempo de juego y gasto. La ley también contempla alertas automáticas ante patrones de riesgo y notificaciones preventivas basadas en criterios de salud pública, reforzando las herramientas de protección dentro de los sistemas de apuestas y juego.

El artículo 5 establece que la Junta de Control de Juegos realizará auditorías anuales para verificar las ganancias y obligaciones de cumplimiento de casinos, plataformas digitales y operadores de apuestas que operen en Panamá. Los resultados deberán ser remitidos a las autoridades correspondientes para apoyar la aplicación de la ley.

Una obligación central se refiere a la protección de menores de edad. La legislación introduce mecanismos de verificación biométrica de identidad y edad para plataformas digitales, mientras que los casinos completos y salas de máquinas tipo A deberán integrar tecnologías de reconocimiento facial en sus sistemas de videovigilancia para identificar a personas excluidas por resolución de la Junta de Control de Juegos.

La ley también fortalece las facultades de actuación frente a plataformas digitales ilegales. La Junta de Control de Juegos podrá ordenar el bloqueo, suspensión o restricción de acceso a páginas web, aplicaciones, dominios y direcciones IP vinculadas con juegos de azar o apuestas que operen sin licencia vigente en Panamá.

Las sanciones son significativas. Los operadores que incumplan las medidas de prevención y control podrán recibir multas de entre B/.25.000 y B/.100.000, equivalentes a US$25.000–US$100.000. En casos de reincidencia, las sanciones podrán duplicarse y derivar en la suspensión temporal o cancelación definitiva de licencias.

La normativa también alcanza a operadores de telecomunicaciones y proveedores de servicios de internet. Las empresas que incumplan órdenes de bloqueo o restricción de acceso podrán enfrentar multas de hasta B/.1 millón, estableciendo obligaciones directas para intermediarios tecnológicos y de conectividad vinculados al acceso a plataformas de juego no autorizadas.

La ley crea además un fondo administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas a favor del Instituto de Salud Mental, destinado a financiar programas de atención y tratamiento para personas diagnosticadas con adicción al juego. Según cobertura local, los recursos provendrán del 0,5% de los ingresos anuales que pagan al Tesoro Nacional los operadores regulados de juegos de azar.

El nuevo marco también incorpora un componente educativo. La legislación ordena al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación desarrollar contenidos preventivos sobre ludopatía y riesgos asociados a los juegos de azar para centros educativos oficiales y particulares, integrando la prevención dentro de los ejes transversales de enseñanza.

La medida sigue el trabajo legislativo previo sobre el Proyecto de Ley 403, que la Asamblea Nacional describió como una iniciativa para reducir los trastornos de juego mediante mecanismos de prevención, financiación de tratamiento y verificación biométrica de identidad. En esa etapa, la Asamblea señaló que el proyecto alcanzaba tanto a establecimientos físicos como a plataformas digitales que operen en Panamá.

Para el sector regulado panameño, la Ley 527 representa un desarrollo material de cumplimiento. Casinos, plataformas online y operadores de apuestas deberán alinear herramientas de protección al jugador, verificación de identidad, alertas de riesgo, registros internos, preparación para auditorías y sistemas técnicos con el nuevo marco legal una vez que el Órgano Ejecutivo emita la reglamentación correspondiente.