ARGENTINA – Empresas de apuestas buscan frenar mayores restricciones

El sector busca debate regulatorio en el Senado sobre plataformas ilegales y rechaza nuevas exigencias para las firmas autorizadas

Las empresas de apuestas online presionan para que la regulación que discute el Senado se enfoque en los operadores ilegales y no imponga mayores restricciones a las firmas habilitadas, reporta Mariano Rivas para el medio argentino, Mendoza Post.

En efecto, el debate enfrenta dos criterios regulatorios: endurecer las reglas para todo el mercado o concentrar la respuesta estatal sobre las plataformas ileales, con la insistencia del que sector busca que el Congreso priorice la persecución de la oferta ilegal y rechaza que nuevas obligaciones recaigan sobre empresas que operan dentro de la ley.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en mayo pasado propone penas de tres a seis años de prisión para quienes exploten u organicen sistemas de apuestas no autorizados, y de dos a cuatro años para quienes presten servicios financieros, tecnológicos, publicitarios o digitales esenciales con conocimiento de la ilegalidad.

La iniciativa oficial también prevé el bloqueo de dominios y restricciones a las operaciones financieras de plataformas sin habilitación.

A diferencia de la media sanción aprobada por Diputados en 2024, el texto del Gobierno se concentra en impedir el acceso de menores y en limitar la publicidad dirigida a ese público o asociada al éxito económico, laboral o social, pero no establece una prohibición general de anuncios ni de patrocinios deportivos.

La media sanción de Diputados, que vence este año, suma restricciones más amplias sobre publicidad, promoción y patrocinio, además de mecanismos de verificación de identidad, un régimen de autoexclusión y límites a los medios de pago utilizados para apostar.

El oficialismo advierte que la informalidad en el mercado y la dificultad para hacer cumplir una regulación sobre actores sin licencia, indicando que el 85% de la actividad se canalizaría por vías informales. La disputa también se replica en la provincia de Buenos Aires, donde Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto, de Fuerza Patria, impulsan un proyecto con mayores exigencias para el sector.

La iniciativa incluye la eliminación de bonos de bienvenida y programas de fidelización, herramientas para bloquear sitios ilegales, un gravamen equivalente al 100% del gasto publicitario de las casas de apuestas para políticas de salud mental y un aporte sobre los premios para financiar clubes e instituciones sociales.

La iniciative presentada por el Gobierno nacional en mayo pasado ante el Congreso fue un proyecto de ley para prevenir la ludopatía y regular el funcionamiento de las apuestas y juegos de azar online en la Argentina con el objetivo de ordenar el mercado virtual, limitar la publicidad y fortalecer los controles para evitar el acceso de menores de edad a las plataformas de juego.

El proyecto también endurece las restricciones sobre la publicidad
Este iniciativa planteó que el juego compulsivo sea considerado una política sanitaria a nivel nacional y le otorga un rol central al Ministerio de Salud de la Nación y a la SEDRONAR en el diseño de estrategias de prevención, asistencia y concientización. Según el texto presentado, el Estado impulsaría campañas dirigidas especialmente a niños, adolescentes, familias, escuelas y organizaciones sociales para advertir sobre los riesgos asociados a la ludopatía y el juego compulsivo.

Además, el proyecto contempla capacitaciones para agentes estatales, docentes y equipos técnicos vinculados a salud mental y consumos problemáticos, con el objetivo de fortalecer el abordaje integral de esta problemática.

Uno de los ejes principales de la iniciativa es el combate contra las plataformas ilegales de apuestas. Para eso, se propone una articulación entre el Banco Central de la República Argentina, la Comisión Nacional de Valores, el Ente Nacional de Comunicaciones y NIC Argentina para bloquear recursos financieros, tecnológicos y dominios vinculados a operadores no autorizados.

En ese marco, las entidades financieras, billeteras virtuales y proveedores de servicios con criptomonedas no podrán operar con plataformas ilegales de juego online. El proyecto también endurece las restricciones sobre la publicidad. La propuesta prohíbe la promoción de sitios ilegales de apuestas en televisión, radio, vía pública, redes sociales y entornos digitales.

Además, cualquier medio de comunicación, agencia o creador de contenido deberá verificar previamente que la plataforma promocionada cuente con autorización oficial para operar.

En relación con la protección de menores, la iniciativa establece que las plataformas autorizadas deberán contar con sistemas tecnológicos eficaces para verificar la edad de los usuarios. En caso contrario, no podrán operar financieramente.

También se prevé que el Banco Central impida transferencias de dinero desde cuentas vinculadas a menores hacia plataformas de apuestas.

Otro de los puntos destacados del proyecto es la modificación del Código Penal. El Gobierno propone penas de prisión de tres a seis años para quienes administren u organicen sistemas de apuestas ilegales.