PERU – Empresas de apuestas deportivas buscarían amparo contra el ISC

Por generar una competencia desleal que pone en riesgo la viabilidad del negocio

No nos extraña que las principales empresas de apuestas deportivas online en Perú busquen ir al Poder Judicial con acciones de amparo contra el Decreto Legislativo 1644 que impone al sector un Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) del 1% sobre montos apostados, incluyendo montos “inexistentes”, como los bonos promocionales que se otorgan a los jugadores.

Escribiendo en el diario El Popular, Omar Chira, reporta que según el abogado tributarista José Verona, esta norma crea una “cancha dispareja” al establecer un trato desigual entre operadores nacionales y extranjeros. Mientras que a las empresas del exterior se les permite trasladar el ISC al jugador, las compañías peruanas deben asumir el impuesto en su totalidad, generando una competencia desleal que pone en riesgo la viabilidad del negocio.

Verona recuerda que esta problemática ya había sido advertida al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), cuyos funcionarios reconocieron en su momento que una tasa del 1% hacía “totalmente inviable” la actividad. El impacto no se limita a las empresas: miles de empleos directos e indirectos dependen de este dinámico y millonario sector económico.

En efecto, los operadores consideran que la norma es injusta y discriminatoria, al punto de que uno de los aspectos más controversiales del DL 1644 incluso grava montos “inexistentes”, como los bonos promocionales que se otorgan a los jugadores.

Afortunadamente, el Congreso ya ha aprobado una corrección a esta ley, precisamente para evitar una avalancha de amparos que podrían dejar al Estado sin capacidad de recaudar el ISC. Ahora, la decisión final recae en el Poder Ejecutivo, que tiene en sus manos promulgar la autógrafa antes de que expire el plazo.

La advertencia de Verona al Gobierno es clara: “No debe dejarse chantajear ni por todo el dinero del mundo”. Si la corrección no entra en vigor antes de la quincena de julio, se abriría la puerta a una ola de demandas que podrían desmantelar un impuesto clave para la formalización del mercado de apuestas en el país.