CHILE – Diputados presentan moción para modificar Ley de casinos
A fin de entregar igualdad de condiciones a los casinos y otras sociedades para competir en apuestas digitales
La moción presentada por los diputados Sergio Bobadilla, Eduardo Cretton y Cristóbal Martínez propone permitir que los casinos autorizados, la Polla Chilena, la Lotería de Concepción y los hipódromos oficiales ofrezcan juegos y apuestas por medios digitales. La iniciativa contempla medidas para proteger a los usuarios, impedir el acceso de menores de edad y sancionar con penas de cárcel, multas y bloqueo de sitios web a quienes operen sin autorización.
Los diputados presentaron un proyecto de ley con la finalidad de autorizar a los casinos de juego y otras entidades legalmente habilitadas para ofrecer juegos de azar y apuestas por internet, con el propósito de enfrentar la competencia de las plataformas ilegales y fortalecer la protección de los consumidores.
La iniciativa propone modificar la Ley N°19.995, que regula el funcionamiento de los casinos, para permitirles operar en línea bajo las mismas condiciones de fiscalización y tributación que actualmente se aplican a sus establecimientos físicos. Asimismo, contempla cambios legales para que la Polla Chilena de Beneficencia, la Lotería de Concepción y los hipódromos autorizados puedan desarrollar sus actividades mediante plataformas digitales.
En sus fundamentos, los parlamentarios señalan que la legislación vigente prohíbe expresamente a los casinos ofrecer juegos de azar por internet, restricción establecida en 2005, cuando las apuestas digitales tenían una presencia limitada. Sin embargo, advierten que actualmente numerosas plataformas extranjeras operan en Chile sin autorización ni supervisión estatal.
Actual situación del juego online genera competencia desigual
Según la moción, estas plataformas no cuentan con mecanismos adecuados para verificar la identidad y edad de los usuarios, lo que facilita el acceso de menores de edad. Tampoco están sujetas a controles sobre el funcionamiento de los juegos y el pago de premios, ni reportan operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Además, no pagan los impuestos especiales que deben cumplir los casinos autorizados y realizan publicidad masiva, incluyendo el patrocinio de clubes y competencias deportivas.
Los autores sostienen que esta situación genera una competencia desigual, porque los operadores regulados deben cumplir exigencias legales, tributarias y de fiscalización, mientras que las plataformas ilegales ofrecen servicios similares sin esas obligaciones. El proyecto también busca enfrentar las dificultades económicas de los casinos regionales, cuya actividad contribuye al turismo, el empleo y el financiamiento de municipalidades y gobiernos regionales.
Actualmente funcionan en Chile 25 casinos, de los cuales 22 están autorizados conforme a la Ley N°19.995 y tres operan bajo concesiones municipales. Entre las ciudades históricamente vinculadas a esta actividad se encuentran Arica, Iquique, Coquimbo, Viña del Mar, Pucón, Puerto Varas y Puerto Natales.
De acuerdo con cifras de la Superintendencia de Casinos de Juego citadas en la iniciativa, al cierre de junio de 2026 los casinos regulados habían generado impuestos por $95.425 millones (US$ 97 millones), de los cuales $41.695 millones (US$42.4 millones) correspondían al impuesto específico al juego, que se distribuye en partes iguales entre las municipalidades y los gobiernos regionales donde funcionan estos establecimientos. A ello se suman los pagos anuales que los operadores realizan a los municipios.
Protección del turismo, las comunas y las regiones
Sin embargo, la recaudación tributaria del sector disminuyó un 8,87% real respecto del mismo período del año anterior. Además, varias empresas operadoras enfrentan dificultades financieras, incluyendo procedimientos de reorganización y solicitudes de liquidación.
Los diputados advierten que el cierre de estos establecimientos no solo afectaría a sus trabajadores, sino también a hoteles, restaurantes, centros de convenciones y otras actividades económicas que dependen del turismo asociado a los casinos. Asimismo, significaría una pérdida de ingresos para las comunas y regiones.
En este contexto, la propuesta busca permitir que los casinos autorizados obtengan ingresos mediante juegos online, sin recibir subsidios ni rebajas tributarias. Las operaciones digitales quedarían sujetas a los mismos impuestos que actualmente pagan los establecimientos físicos.
La moción también destaca que las apuestas ilegales afectan indirectamente los recursos destinados a instituciones de beneficencia. La Polla Chilena de Beneficencia entrega aportes a entidades como los Cuerpos de Bomberos de Chile, la Cruz Roja Chilena y organizaciones dedicadas a la infancia, las personas con discapacidad y los adultos mayores. Por su parte, la Lotería de Concepción contribuye al financiamiento de la Universidad de Concepción.
Por ello, los parlamentarios consideran que permitir a estas entidades comercializar sus juegos por internet podría aumentar sus ingresos y fortalecer los aportes que realizan a sus beneficiarios.
La iniciativa toma como referencia las experiencias de España, Colombia, Perú y algunas provincias de Argentina, donde las apuestas digitales funcionan bajo sistemas de autorización y supervisión estatal. No obstante, a diferencia de otras propuestas legislativas, no plantea crear nuevas licencias ni organismos reguladores, sino aprovechar las autorizaciones y mecanismos de fiscalización existentes.
Para ello, incorpora un nuevo artículo 5° bis a la Ley N°19.995, que permitirá a los casinos ofrecer por internet los juegos que ya tienen autorizados. Esta habilitación estará vinculada al permiso del establecimiento físico, por lo que, si este se extingue, también terminará la autorización para operar en línea.
Cada empresa podrá utilizar una sola plataforma digital, con una marca y un dominio terminado en «.cl», previamente informados a la Superintendencia de Casinos de Juego. La operación deberá estar a cargo directamente del titular del permiso, aunque podrá contratar servicios tecnológicos externos para desarrollar o mantener la plataforma, sin entregar a terceros la explotación de las apuestas.
Protección a los usuarios y Juego responsable
Los sistemas informáticos y los mecanismos que determinan los resultados de los juegos deberán cumplir las exigencias técnicas establecidas por la autoridad.
En materia de protección a los usuarios, el proyecto establece que solo podrán participar personas mayores de edad, quienes deberán contar con una cuenta personal e intransferible. Para abrirla, será necesario verificar su identidad y edad, y cada jugador podrá mantener una sola cuenta por operador.
Los depósitos y retiros deberán realizarse mediante cuentas bancarias u otros instrumentos de pago pertenecientes al propio usuario y emitidos por entidades fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Se prohibirá utilizar dinero en efectivo, medios de pago que impidan identificar a sus titulares y créditos para financiar las apuestas. Además, los jugadores solo podrán apostar utilizando el dinero disponible en sus cuentas.
La propuesta también incorpora medidas de juego responsable. Las plataformas deberán permitir que los usuarios establezcan límites de depósitos, pérdidas y tiempo de juego, además de solicitar su exclusión temporal o indefinida cuando decidan dejar de participar.
La reducción de los límites y la autoexclusión deberán aplicarse inmediatamente, mientras que cualquier solicitud para aumentarlos solo podrá hacerse efectiva después de siete días. También se extenderán a las apuestas digitales las prohibiciones de participación que actualmente establece la ley.
Respecto de la publicidad, se prohibirá dirigir anuncios de apuestas a menores de edad o difundirlos en programas, medios y eventos destinados principalmente a ese público. Tampoco se podrá presentar el juego como una forma de obtener ingresos o solucionar problemas económicos. Toda publicidad deberá incluir mensajes de juego responsable.
Las empresas estarán obligadas a mantener registros completos y actualizados en tiempo real de las cuentas, apuestas, premios, depósitos y retiros, los que deberán estar disponibles para la fiscalización de la Superintendencia. Estas operaciones deberán registrarse separadamente en su contabilidad.
Los casinos solo podrán comenzar a operar en línea cuando la autoridad certifique que cumplen las exigencias legales y reglamentarias. La autorización digital no permitirá abrir nuevos establecimientos o sucursales y tampoco se aplicará a los juegos de azar desarrollados en naves sujetos a una regulación especial.
Asimismo, se incorporan nuevas causales para revocar permisos cuando los operadores utilicen plataformas o dominios distintos de los informados a la autoridad, permitan que terceros exploten los juegos o incumplan gravemente las obligaciones de identificación, medios de pago y autoexclusión.
Una de las principales medidas del proyecto es la incorporación de sanciones penales para quienes ofrezcan juegos de azar o apuestas por internet sin autorización legal.
En concreto, se propone castigar estas conductas con penas de presidio menor en sus grados medio a máximo, equivalentes a 541 días a cinco años de privación de libertad, y multas de 100 a 1.000 UTM.
La sanción se aplicará a plataformas que admitan jugadores residentes en Chile, acepten medios de pago emitidos en el país o difundan publicidad dirigida al público nacional. Por su parte, quienes realicen o difundan publicidad de apuestas ilegales arriesgarán multas de 50 a 500 UTM.
El proyecto también faculta a los tribunales para ordenar el bloqueo de sitios web, dominios y aplicaciones utilizados para desarrollar estas actividades, así como la suspensión de las transacciones destinadas a dichas plataformas. Estas medidas podrán adoptarse durante un procedimiento judicial o en la sentencia definitiva, y extenderse a sitios alternativos que reproduzcan el mismo contenido.
Habilitar la Polla Chilena, la Lotería de Concepcion y los hipódromos
En relación con otras entidades autorizadas, la iniciativa modifica la Ley N°18.851 para permitir que la Polla Chilena de Beneficencia ofrezca y comercialice por medios digitales sus sorteos de lotería, pronósticos deportivos y apuestas actualmente autorizadas.
También propone modificar la Ley N°18.568 para que la Lotería de Concepción pueda realizar y comercializar sus sorteos por internet, y el Decreto Ley N°2.437, de 1978, para que los hipódromos oficiales puedan recibir apuestas mutuas hípicas mediante sistemas electrónicos.
Estas entidades deberán cumplir las exigencias aplicables de identificación de usuarios, medios de pago, juego responsable y publicidad. Sin embargo, la autorización no les permitirá ofrecer otros juegos de azar reservados a los casinos regulados por la Ley N°19.995.
Desde el punto de vista constitucional, los autores sostienen que la propuesta no invade las atribuciones exclusivas del Presidente de la República, porque no crea ni modifica impuestos, no establece nuevos servicios públicos ni amplía las actividades empresariales del Estado.
Explican que los ingresos provenientes de las apuestas digitales quedarían sujetos a la tributación vigente y que la Superintendencia de Casinos de Juego continuaría ejerciendo sus actuales facultades de fiscalización.
No obstante, reconocen que la norma que permite a los tribunales ordenar bloqueos de sitios y suspensiones de pagos podría requerir un pronunciamiento previo de la Corte Suprema, por tratarse de una materia relacionada con las atribuciones de los tribunales de justicia, conforme al artículo 77 de la Constitución.
Finalmente, las disposiciones transitorias establecen que los casinos que cuenten con permisos vigentes podrán acceder a la modalidad digital, pero solo podrán comenzar a operar una vez que se publique el reglamento correspondiente y obtengan la certificación de la Superintendencia.
De esta manera, el proyecto busca que las apuestas por internet puedan desarrollarse dentro del sistema legal vigente, bajo fiscalización estatal y con mayores medidas de protección para los usuarios, al mismo tiempo que establece sanciones para las plataformas ilegales y procura resguardar los ingresos que los casinos y otras entidades autorizadas aportan a las regiones e instituciones de beneficencia.



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