PARAGUAY – Diputados aprueba el proyecto de ley de tragamonedas

Aprobación con modificaciones para medidas de protección contra la Conajzar

Pese a contar con dictámenes de rechazo, la Cámara de Diputados resolvió aprobar, con modificaciones de forma, el proyecto de ley, con media sanción de la Cámara de Senadores, “Por el cual se establecen medidas de protección a los menores de edad ante las influencias de las máquinas tragamonedas”.

Como base de decisión se utilizó el dictamen de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico, expuesto ante el plenario por el titular del bloque, diputado Tito Ibarrola, quien explicó que la propuesta tiene por objeto regular los mecanismos para la habilitación, explotación y uso de los juegos electrónicos de azar autorizados a nivel municipal, entendiéndose por tales, las máquinas electrónicas de juego de azar o “tragamonedas”.

“Con esta ley se pretende proteger a los niños, niñas y adolescentes ante la influencia y riesgos derivados de los juegos electrónicos de azar que operan fuera de los casinos autorizados. El fin es evitar posibles daños que afecten la salud física y mental”, argumentó.

En la versión que tiene media sanción del Senado, se establece que el municipio tiene la competencia de incautar y destruir las máquinas; y que puede disponer el cierre temporal de los locales, dejando de lado a la Comisión Nacional de Juegos de Azar, en esta materia. En caso de reincidencia, el cierre será definitivo, con cancelación de la patente comercial.

Si bien las comisiones de Asuntos Económicos y Financieros; Presupuesto; y Equidad Social y Género, emitieron pareceres por el rechazo, debido a diversos motivos, como el veto total a un proyecto de igual contenido en el año 2017; la supuesta sobre-legislación en el tema; y el conflicto de competencias entre la Conajzar y los municipios; el pedido de aprobación del diputado Ibarrola fue acompañado por varios parlamentarios y esta decisión fue asumida en el plenario.

La iniciativa, que se remite nuevamente a la Cámara de Senadores, se propuso contra la decisión del ente regulador Conajzar, de delegar sus facultades a la empresa iCrop, mediante un contrato considerado ilegal, para habilitar las máquinas en cualquier comercio del país se contrapone con la medida que estipula que es facultad de los municipios.

El contrato de Conajzar generado por su titular, José Ortíz Báez, desató una gran polémica que lleva varios meses en Paraguay, llevando a este a una interpelación ante los legisladores, que los dejó inconformes.

Además, la Contraloría General de la República (CGR), la Secretaría Nacional de Anticorrupción (Secap) y la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) se manifestaron contra la medida, considerándola ilegal. Sin embargo, desde Conajzar ignoraron sus posturas y mantuvieron vigente el acuerdo.