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PARAGUAY – La Conajzar rescindiría contrato ilegal con iCrop

Sin embargo, todo es puro cuento porque la presidenta del ente regulador no da cara

Mucho se ha dicho sobre la ilegalidad del contrato que el previo presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) firmo con la empresa privada iCrop, y al parecer, viene noticias de Paraguay que el ente regulador del Juego estaría viendo la forma de salir del contrato con mínima responsabilidad para el denunciado expresidente de Conajzar, José Ortiz Báez.

Ante la vigencia de la nueva Ley No. 6903/92, que regula e juego de tragamonedas en Paraguay prohibiendo su operación en bares, despensas, tiendas, y otros comercios de libre concurrencia, especialmente de niños y niñas, el diario ABC Color reporta que Livia Buzo, la coordinadora de la Conajzar, viene analizando la forma de salirse de un contrato que “como lo disponía la Ley No. 1016/17 del Régimen de Juegos de Azar”, ya prohibía las operaciones en sitios comerciales como lo indica la nueva ley.

Ante la presión política y judicial, Buzo ha reiterado que “iCrop ya no paga el canon y señadlo que cada municipio es responsable de regular y destruir las maquinas, así como aplicar las sanciones. Sin embargo, cuando se le expuso que esa disposición ya regia desde 1997, Buzo, dijo que solo la presidenta de la Conajzar, María Galván, podría aclarar esa situación. ABC Color reporta que desde mas de un mes ha solicitado una audiencia con Galván, quien evita a la prensa a como dé lugar.

Desde la fecha del reemplazo de Ortiz, la nueva responsable de la Conajzar no brinda declaraciones, y ha continuado con el contrato de iCrop, para la “legalización” de las tragamonedas en sitios prohibidos, lo cual es prohibido por las leyes de 1997 y 2022.

Se esperaba que Galván, “revise los contratos criticados —e investigados por la Justicia— con los operadores de loterías TDP y de tragamonedas iCrop S.A.”, pero hasta la fecha, no ha realizado accionar alguno contra los contratos ilegales, y ahora es parte de una nueva denuncia contra la Conajzar, por no haber presentado informes financieros como lo establece la Ley 5282 y la Ley 1535/1999, sobre la recaudación de impuestos.


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