PARAGUAY – La Conajzar siguió plan ilegal para “regularizar” tragamonedas

Confirman imputación punible a autoridades de la Conajzar y a hijo del expresidente Wasmosy

La Cámara de Apelaciones especializada en Delitos Económicos, de Paraguay, integrada por Bibiana Benítez, Gustavo Auadre y Andrea Vera, ratificó el rechazo del incidente de nulidad de la imputación planteada de Rubén Roussillón y Ricardo Núñez Giménez, miembros de la Comisión de Juegos de Azar (Conajzar) de Paraguay bajo la presidencia de José Antonio Ortiz Báez, designado titular de la Conajzar por el presidente Mario Abdo Benítez.

Ortiz firmó la Resolución No. 34 de “legalización” de tragamonedas – con criterios similares a los aplicados en 2011 por el extitular de la entidad reguladora de juegos de azar paraguaya, Gerardo Gómez Morales, es decir, Ortiz firmó un contrato directo con la empresa privada iCrop S.A., siguiendo un plan “regulador”, que ya se había practicado bajo la dirección de Gómez.

La Cámara de Apelaciones especializada en Delitos Económicos también rechazó el pedido de nulidad palteado por abogados de Álvaro Wasmosy Carrasco, de TDP S.A., empresa privada explotadora de la quínela. Todos los imputados están siendo procesados por aparentes hechos de corrupción en juegos de azar.

La imputación de nulidad para los acusados por hecho punibles, que incluye la adjudicación de la quínela a una firma morosa, y la reducción del canon a concesionarios de la Conajzar, fue planteada por abogados allegados al diputado Basilio Núñez, y de esta forma se confirma que solo queda uno pendiente de los siete recursos de nulidad rechazados por el juez Humberto Otazu.

Según reportes locales, las autoridades de la Conajzar violan ley de Función Pública, por lo cual se acusa al presidente Abdo de mantener a Núñez y Roussillón en posiciones de confianza en la Conajzar a pesar de encontrarse imputados por presuntos hechos punibles en sus gestiones, y yendo en contra de la Ley No. 1.626 de la Función Pública, que en su Art. No. 42, instruye que “cuando un funcionario público fuera imputado de hechos tipificados como punibles, será suspendido del cargo por el tiempo que dure el proceso”. Todos los miembros de la Conajzar están alcanzados por dicha ley según establece el artículo 8 de la misma Conajzar.

En 2011, la Comisión de Juegos de Azar de Paraguay, bajo la presidencia de Gerardo Gómez, “regularizó” máquinas tragamonedas para su explotación en sitios prohibidos. Doce años más tarde, la ilegal resolución fue revocada, por Javier Balbuena, entonces titular del ente regulador paraguayo, más con el cambio de Gobierno en 2021, Ortiz Báez, nombrado por el presidente Abdo, aprobó ese mismo plan “calificado de ilegal por la propia fiscalía”, escribe Gabriela González Escalada, en el diario paraguayo, ABC Color.

La historia de “legalización” de tragamonedas bajo intereses privados
Esta reciente historia en le Conajzar muestra que la creación de las reglas vinculadas a la regulación de juegos de azar en Paraguay y la aplicación de las misma se dan conforme al Gobierno de turno y sus respectivas autoridades. Al menos es lo que se observa en la “regularización” de las maquinitas tragamonedas en comercios de libre concurrencia, tales como despensas, bares, cafeterías y otros, añade la periodista de ABC Color.

En 2011, Gómez Morales, como titular de la Conajzar, bajo el gobierno de Fernando Lugo, aprobó la Resolución No. 88 con la cual denominó a los aparatos como “máquinas de premio programado” y con el uso de una licencia de pago del canon correspondiente, pretendió “legalizar” su uso en comercios prohibidos por la Ley No. 1016/17.

Javier Balbuena, titular de la Conajzar, revocó la decisión de Gómez en 2013, durante el mandato de Horacio Cortez, por considerarla contraria a la citada ley. Sin embargo, en 2021, después de aquel intento de “regularizar” las máquinas de juego, Ortiz Báez, como titular de la Conajzar firmó la Resolución No. 34 de “legalización” de tragamonedas – con criterios similares a los aplicados en 2011 por Gómez – firmando un contrato directo con la empresa privada iCrop S.A., y siguiendo ese ilegal plan “regulador”.

El Senado denunció el plan de Ortiz, acusándolo de la creación de “una estructura para el lavado de dinero y la obtención ilícita de recursos”, y el Ministerio Público ha seguido manteniendo en jaque a Ortiz. A la fecha, la fiscala María Estefanía González ha imputado a Ortiz por varios delitos criminales, igualmente como a otras autoridades de la Conajzar

Los mismos involucrados siguen “regularizando” tragamonedas ilegales
La Resolución No. 43 de 2012 que revocó lo dispuesto en 2011 reportó que la única empresa interesada en una licencia para operar tragamonedas en comercios de libre concurrencia, en aquel entonces fue el Grupo Mercantil. “Llamativamente, se trata de una de las compañías tercerizadas con la que trabaja iCrop en la actualidad y que conforme a un reciente informe de la Secretaría Nacional de Anticorrupción (Senac), es la responsable de la mayor cantidad de máquinas “regularizadas” por iCrop”, reporta ABC Color.

El personaje que figuraba como representante del Grupo Mercantil, entonces, es Ariel Vera, quien reconoció a ABC Color, que estuvo en el Grupo Mercantil en 2011, pero recalcando que hoy, ya no tiene ningún otro vinculo con el Grupo Mercantil ni con iCrop.

Cuando se empezaba a denunciar las irregularidades de iCrop en la prensa, Vera negó su participación en el cuestionado e ilegal esquema, pero se ha comprobado, que es este, “quien encabezaba los operativos de censo y catastro de tragamonedas en la capital del país, Asunción, así como en el interior del país. Ariel es hermano de Cristhiant Vera, extitular de la Conajzar y asesor jurídico de iCrop”, denuncia ABC Color.

La maquinita ilegal de Ortiz
Bajo la gestión de Ortiz Báez, iCrop fue contratada de forma directa, sin concurso, por la Conajzar, para “legalizar” 50.000 tragamonedas en el país, ubicadas en comercios caseros sin autorización para juegos de azar, lo cual es prohibido por la Ley No. 1016/97 de juegos de azar y el Decreto No. 3083/15. Por la gestión de iCrop encomendada por Ortiz, la empresa privada “cobra entre G.300.000 y G450.000 al mes y de ese monto, US$1,5 millones queda para la empresa y solo lo que resta para la Conajzar”.

Según la Conajzar, ahora bajo la presidencia interina de María Galván, existen “al menos 23.000 unidades a nivel nacional en distintos tipos de comercios”, considerados ilegales, bajo el plan “regulador” de ex titulares de la entidad reguladora paraguaya, aunque no hay detalle sobre los pagos de canon correspondientes, que siguen bajo el control de la empresa privada iCrop S.A.

Nadie, ni la titular de la Conajzar, ni el Ejecutivo paraguayo, muestran señales de cambiar el plan ilegal “regulador” que sostiene el contrato celebrado entre la Conajzar y la empresa iCrop, que ha sido designado por legisladores paraguayos como una forma de crear una estructura para lavar dinero.