BRASIL - Comisión aprueba proyecto que refuerza la lucha contra las apuestas ilegales

El PL 4044/25 ampliaría medidas financieras, tecnológicas, administrativas y penales contra operadores de apuestas no autorizados

El mercado regulado de apuestas de Brasil avanza hacia un marco de fiscalización más severo contra operadores ilegales, con legisladores que buscan combinar monitoreo de pagos, bloqueo de internet, sanciones penales y cooperación institucional. La propuesta añade una nueva capa a la agenda posterior a la regulación del país, donde la lucha contra las apuestas sin licencia sigue siendo central para la integridad del mercado, la recaudación fiscal, la protección del consumidor y la integridad deportiva.

La Comisión de Finanzas y Tributación de la Cámara de Diputados de Brasil aprobó el 1 de junio un proyecto de ley que crea un marco legal para combatir las apuestas y juegos clandestinos. La propuesta busca reforzar la represión financiera, administrativa, tecnológica y penal contra operadores no autorizados.

El texto define como operador no autorizado a cualquier persona o entidad legal que explote actividades de juego o apuestas sin una licencia oficial. También crea mecanismos para restringir la actuación de operadores ilegales, especialmente a través del sistema financiero e internet.

El texto aprobado es el sustitutivo presentado por la relatora, la diputada Laura Carneiro, que unificó el Proyecto de Ley 4044/25, redactado por los diputados Paulo Litro, Raimundo Santos y Merlong Solano, con otra propuesta similar, el PL 6066/25. La ficha oficial de la Cámara describe el PL 4044/25 como una iniciativa que instituye el Marco Legal de Combate al Mercado Ilegal de Juegos y Apuestas y modifica la Ley No. 14.790/2023, la ley brasileña de apuestas de cuota fija, para fortalecer la represión financiera, penal y administrativa de la explotación clandestina de juegos y apuestas.

Según la propuesta, las instituciones financieras y de pagos deberán adoptar protocolos para identificar transacciones con operadores irregulares. También tendrán que publicar informes mensuales con información sobre volumen de operaciones, bloqueos realizados y controles internos adoptados, respetando el secreto bancario y la Ley General de Protección de Datos (LGPD) al no identificar a los clientes de operadores ilegales.

El proyecto exige además que las instituciones financieras integren sistemas para compartir información sobre fraudes y consulten bases de datos actualizadas de operadores ilegales mantenidas por el Ministerio de Hacienda. El incumplimiento de las normas puede conllevar multas de hasta R$20 millones, suspensión de servicios e incluso restricciones en el uso de Pix y TED en casos graves o recurrentes.

La propuesta determina que el Banco Central de Brasil regulará mecanismos para prevenir el mal uso de Pix por parte de operadores de apuestas no autorizados. Entre ellos figuran la creación de una modalidad exclusiva de transacción para apuestas, filtros automáticos de CNAE y códigos Pix, integración con directorios de riesgo y autoexclusión, y demarcaciones visuales en las extracciones.

Los diputados también aprobaron un cambio para garantizar que las nuevas normas se apliquen a todas las instituciones financieras y de pagos, y no solo a aquellas autorizadas por el Banco Central. Según Laura Carneiro, el mercado ilegal aumenta los riesgos de fraude y amenaza la integridad del deporte. El texto aprobado prohíbe expresamente apostar en partidos o competiciones juveniles en los que participen únicamente atletas menores de edad.

La propuesta también establece que las empresas que prestan servicios a casas de apuestas deberán demostrar su capacidad técnica para actuar. Este reconocimiento será válido durante cinco años y requerirá el pago de una tarifa de hasta R$20.000 por cada tipo de servicio prestado.

El texto modifica la ley brasileña de apuestas para exigir a los operadores autorizados la adopción de sistemas de geolocalización capaces de bloquear accesos realizados desde el extranjero o mediante VPN. También obliga a los proveedores de internet a mantener un canal permanente con el regulador para cumplir órdenes de bloqueo. El servicio oficial de noticias de la Cámara confirma que la propuesta busca crear un marco legal amplio contra las apuestas clandestinas, incluyendo medidas en el sistema financiero, acceso por internet y fiscalización penal.

La propuesta amplía las conductas prohibidas, vetando cualquier forma de publicidad u oferta de infraestructura tecnológica que facilite la operación de operadores sin licencia. Los servicios técnicos y legales destinados exclusivamente a obtener autorización oficial seguirán permitidos.

El proyecto de ley crea un capítulo penal específico para el sector, estableciendo cuatro nuevos delitos: explotar o facilitar apuestas sin autorización, con pena de dos a seis años de prisión; pagos intermedios a operadores ilegales, también de dos a seis años, con aumento si se utiliza tecnología de anonimato o envíos al extranjero; difusión de propaganda de apuestas irregulares, de uno a cuatro años, con agravante para contenido dirigido a menores o difundido por influencers digitales; y obstrucción de acciones para bloquear sitios web o recursos, de dos a cinco años.

El proyecto refuerza además el papel de Anatel en la lucha contra los sitios de apuestas ilegales. La agencia mantendría un canal para órdenes de bloqueo y coordinaría medidas técnicas como bloqueo por DNS, IP y SNI, además de detección de sitios espejo, con sanciones para proveedores que incumplan las determinaciones.

El texto establece cooperación entre el Ministerio de Hacienda, el Banco Central, Anatel y Coaf, incluyendo la creación de una base unificada de operadores irregulares, informes trimestrales y un canal oficial para denuncias con posibilidad de presentación anónima.

La propuesta seguirá siendo analizada por la Comisión de Constitución y de Justicia y Ciudadanía. El proyecto está sujeto a análisis por parte del Plenario y, para convertirse en ley, deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados y el Senado.