ARGENTINA – Diputados cuestionan autorizaciones de casinos online

“Con las prohibiciones se buscaba evitar que las personas ligadas al delito y al crimen organizado sean operadoras”

Legisladores provinciales y nacionales de la Coalición Cívica ARI, dirigida por Elisa Carrió, presentaron un pedido de acceso a la información pública en el que intiman al Instituto Provincial de Loterías y Casinos, a que dé a conocer en detalle el proceso de otorgamiento de licencias para el desarrollo de la actividad de juego online.

Los dirigentes de la Coalición Cívica se han dirigido al Instituto de Loterías y Casinos (IPLyC) de Buenos Aires, que acaba de otorgar licencias para el juego online de casinos y apuestas deportivas, si empresas o personas se encuentran o no incluidas en las prohibiciones establecidas en la ley. La norma prohíbe, por ejemplo, otorgar licencias a entidades deportivas participantes u organizadoras de eventos sobre el que se realicen las apuestas, a empresas concursadas, intervenidas o inhabilitadas.

“Es imperioso que el Estado provincial garantice que el juego online en Buenos Aires no esté en manos de quienes han hecho mucho daño a la sociedad y de los mismos actores de siempre”, señalaron desde la CC ARI, en un comunicado.

«Como ha trascendido públicamente, hay licencias otorgadas a sociedades vinculadas por ejemplo a Daniel Angelici y Cristóbal López. Loterías de la provincia de Buenos Aires tiene que acreditar cómo cumplió la ley y si no benefició ilegalmente a estos o a otros empresarios», reclaman la CC ARI, dirigiéndose explícitamente a los amigos del desaparecido ex presidente Néstor Kirchner.

«Con las prohibiciones se buscaba evitar que las personas ligadas al delito y al crimen organizado sean operadoras. También con no otorgar ventajas a quienes efectivamente son organizadoras de los eventos, por ejemplo, deportivos, sobre los que versan las apuestas a fin de evitar el fraude», agregaron.

El comunicado de CC ARI, añadió: “A modo de ejemplo, se sabe que la empresa Binbaires S.A., futura licenciataria, tiene como presidente a Daniel Pando, quien a su vez es Director de la firma Techno Accion S.A., empresa del intendente de Pilar, Federico Achával, y fue director de Casino Club S.A., empresa en la que Cristóbal López fue presidente hasta el año 2016, y en la que Ricardo Benedicto, heredero del emporio de López, es titular».

«A su vez, Federico de Achával comparte una UTE con Casino Club S.A. a través del Hipódromo de Palermo. Y por si los vínculos no fuesen claros, el director de Binbaires S.A., Roberto Pérez, es un ex director del banco Finansur, conocido por ser propiedad del polémico empresario kirchnerista.

«Angelici podría estar impedido de ser operador debido a que ha sido un importante directivo de entidades deportivas en nuestro país y mantiene una fuerte influencia en la organización de unos de los principales deportes sobre los que se desarrollan las apuestas. Cristóbal López, por su parte, como es de público conocimiento, se encuentra investigado judicialmente por una grave defraudación de la empresa Oil Combustibles SA al fisco. Esta empresa se encuentra quebrada tras un escandaloso concurso.

«La ludopatía es una problemática que padecen muchos bonaerenses, principalmente luego de un año en el que el encierro ha sido la regla. La provincia ha sancionado en el año 2018 un programa de prevención y atención integral a la ludopatía, para dotar al Estado de herramientas que permitan disminuir los efectos del juego en nuestra sociedad», explicaron desde la CC ARI.

Finalmente, «Se trata de una actividad que de por sí conlleva enormes perjuicios para los ciudadanos. En ese sentido, desde la Comisión de Adicciones de la Cámara de Diputados provincial, presidida por Maricel Etchecoin, se ha dado tratamiento a un proyecto de su autoría que propone prohibir la publicidad o promoción de los juegos de azar, así como la prohibición de bonificaciones de saldos y otras promociones para los usuarios, para evitar que se incentive el juego; también, se prohíbe que se pueda utilizar como medio de pago las tarjetas de débito o transferencias de fondos correspondientes a cajas de ahorro destinadas al pago de programas de ayuda social de ANSES. Es imprescindible, en el contexto que vive el mundo, el país y la provincia que ese proyecto que ya tiene dictamen avance y sea ley», ampliaron desde la CC ARI.